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Banco Central pone nota de cautela ante propuesta parlamentaria de restringir pago en efectivo

La presidenta de la entidad expuso ante la comisión de Economía del Senado.

Por: Rossana Lucero | Publicado: Martes 27 de agosto de 2024 a las 14:00 hrs.
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La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, advirtió este martes que eventuales medidas que directamente restrinjan el efectivo presentan el riesgo de limitar posibilidades de pago para determinados segmentos de la población.

El planteamiento lo hizo ante la comisión de Economía del Senado, instancia que analiza una moción parlamentaria que busca limitar el uso del efectivo para operaciones entre $ 2 millones y $ 5 millones con el objeto de contribuir al control del crimen organizado, narcotráfico y lavado de activos; y una segunda, que busca obligar al pago de intereses por los saldos en cuentas corrientes.

En su presentación, Costa dijo que ambas iniciativas se relacionan de manera directa con el rol del organismo que lidera, consignado en su Ley Orgánica Constitucional. La primera incide en su tarea de velar por el normal funcionamiento del sistema de pagos y su rol de provisión del circulante; y, la segunda, en sus atribuciones regulatorias vinculadas con el objetivo de la estabilidad financiera.

Por lo tanto, señaló, se hace necesario complementar el análisis de las implicancias de las propuestas con el funcionamiento del sistema de pagos, financiero y de la economía en su conjunto.

Respecto a los límites al uso del efectivo, Costa dijo que en caso de imponer límites o restricciones, se sugiere buscar una implementación flexible y gradual con apertura a excepciones y revisiones periódicas de ser necesario.

Lo anterior, en un contexto en que consideró relevante continuar potenciando el acceso y cobertura de pagos digitales, lo que ayudará a la trazabilidad de las operaciones.

En la presentación, recordó que la Encuesta Nacional de Uso y Preferencias del Efectivo (Enupe) de 2022 mostró que un alto porcentaje de la población (aproximadamente 80%) aún usa el efectivo en forma habitual, para transacciones por montos inferiores a $ 100 mil. A su vez, un 10% de las personas lo usa en transacciones por montos mayores.

Sin embargo, Costa reparó en que al tratarse de una encuesta que se levanta solo en hogares de las principales ciudades del país, no refleja la realidad de zonas rurales ni la apertura por sectores económicos específicos.

Junto con promover los pagos digitales, añadió, es necesario resguardar que quienes demandan efectivo tengan acceso a disponer y hacer uso de éste.

Y aunque el creciente uso de pagos digitales tiene ventajas de seguridad/trazabilidad, la autoridad señaló que no siempre es factible realizar pagos digitales por conectividad, acceso al medio de pago o mecanismos para aceptarlo, además de que la disponibilidad de redes de adquirencia o telecomunicaciones no abarca la totalidad del país y que la aceptación de pagos digitales involucra costos para los comercios.

Además, Costa mencionó que en escenarios de catástrofes y/o interrupciones prolongadas en telecomunicaciones, el efectivo cumple un rol insustituible.

Dado lo anterior, la entidad propuso priorizar medidas de reporte y trazabilidad de operaciones en efectivo; continuar con el fortalecimiento de la institucionalidad de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y seguir buscando oportunidades de desarrollo para los pagos digitales que permitan promover la inclusión financiera.

Pago de intereses

Sobre la moción de obligar al pago de intereses en cuentas corrientes, Costa recomendó mantener el sistema flexible actual con pago facultativo y sujeto a resguardos prudenciales.

Según la presentación, imponer una obligación de pagar intereses en cuentas corrientes, que no podrían ser compensados vía aumento de comisiones como plantea la moción, podría desincentivar la oferta de este producto para algunos segmentos de clientes, afectando la inclusión financiera.

Al respecto, se precisó que el número de cuentas corrientes se ha masificado, alcanzando a cerca de 11 millones en la actualidad, de los cuales cerca del 90% corresponde a personas naturales. En términos de monto, el 70% de los saldos es mantenido por empresas.

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